>DISPERSIÓN NORMATIVA

>Desde hace unos veinte años, las comunidades autónomas son competentes en todo aquello que afecta a servicios sociales y, en consecuencia a las residencias de mayores. La consecuencia es que cada comunidad ha ido creando un modelo diferente en el que varía el sistema de autorización, las condiciones arquitectónicas, los requisitos de personal e incluso el concepto mismo de lo que se conoce como residencia.

En la actualidad, algunas comunidades establecen requisitos diferentes para residentes válidos y asistidos, otras no lo hacen o establecen no dos, sino varios niveles de dependencia. Las hay que concretan exigencias específicas según el tamaño de la residencia o que consideran “sociosanitario” un servicio que en otra comunidad sería puramente social o quizá “algo sanitario”. También existen diferentes medidas para saber quién es “mayor” a los efectos de poder ingresar en una residencia y para saber quién es dependiente (cada comunidad utiliza los tests validados que consideran más adecuados o crean los suyos propios). Esto lleva a que en la actualidad no se pueda hablar de España cuando se trata de requisitos normativos.

¿Tienen relevancia las diferencias? Si consideramos que, sólo en lo que respecta a personal (o sea dejando a un lado lo arquitectónico), de una comunidad a otra el número mínimo de personal puede doblarse y dependiendo de donde estemos se exigirá o no enfermería, terapeuta ocupacional, trabajador social, animador u otros profesionales, la respuesta sólo puede ser positiva. Si quieren ver alguna de las diferencias entren en los cuadros que hay en el capítulo de reglamentación de http://www.inforesidencias.com.

La tendencia, además viene siendo el incrementando los requisitos (especialmente los arquitectónicos, de personal y de acreditación de calidad) y el endureciendo del régimen sancionador (algunas prevén sanciones de 300.000 Euros, cierre, inhabilitación y publicación en la prensa de las sanciones a cargo del sancionado).

Con toda seguridad la existencia de normativas tan dispares y el también dispar grado de exigencia de las mismas sea una de las causas del amplio abanico de precios que se cobran en residencias privadas de diferentes comunidades (sólo hay que ver el artículo publicado recientemente en Negocios y Gestión Residencial).

¿Hace falta armonizar las normativas? La respuesta no es sencilla. Por supuesto que la administración autonómica está más cercana al ciudadano y puede crear modelos más ajustados a cada realidad. No obstante, quizá deberíamos ponernos de acuerdo todos en el número de servicios higiénicos necesarios, la amplitud de los comedores o el número de auxiliares que se necesitan como mínimo para dar un buen servicio, y en eso no creo que seamos tan diferentes los catalanes de los canarios o los riojanos.

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Acerca de Sobre residencias de tercera edad

Soy gerontólogo y jurista, me gusta leer y escribir sobre atención a personas mayores en residencias geriátricas y envejecimiento.
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