>CONTRADICCIÓN IMPASIBLE

>Esto de asistir a jornadas y congresos sobre el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia se está empezando a convertir en un agradable pasatiempo. Una buena jornada tiene siempre a políticos, a poder ser de partidos diferentes que ofrecen datos, (con muchos números y gráficos) totalmente fiables aunque contradictorios entre los de unos y otros. Se acusan sin nombrarse de deslealtad y reclaman la cooperación de todos para que el desarrollo de la Ley sea un éxito. A veces, un representante de profesionales o patronales incomoda a las administraciones recordándoles que están aplicando mal la Ley al dar tantas ayudas económicas. Menos a menudo, un orador ocurrente mantiene la atención del público durante unos minutos e incluso les hace reír. Casi siempre, vuelves a casa con la idea de que algo se está haciendo pero no todo lo que se podría.

El II Foro Nacional de Derechos Sociales y Dependencias organizado en enero por el Consejo General de Diplomados en Trabajo aportó una novedad interesente que yo denominaría “la contradicción impasible”. En la mesa de presentación, Don Pedro Cerolo, concejal socialista del ayuntamiento de Madrid, hizo un encendido alegato a favor de los servicios sociales públicos de gestión directa. Su idea principal: en tiempos de crisis es cuando uno se sitúa de verdad a favor de los servicios públicos, esto es, contra la privatización de los mismos (posición progresista y de izquierdas) o a favor del recorte de gastos y la entrada de empresas (posición que defienden los “talibanes de lo privado”). Lo que tienen que hacer las administraciones, según Pedro Cerolo, no es concertar plazas o dar a gestión los centros públicos, sino inspeccionar y comprobar a fondo a las empresas que prestan servicios sociales para evitar abusos. En resumen, una opinión que he escuchado mil veces en diferentes foros y que he discutido en algunos de ellos.

Pero lo curioso y divertido no fue la intervención del concejal sino que, en las horas siguientes, los representantes del gobierno de Aragón y Baleares (correligionarios suyos) nos hablasen de las nuevas leyes de servicios sociales que están redactando y que acaban con la prohibición de concertación con la iniciativa privada y la gestión indirecta de centros públicos. O sea, que lo bueno es cambiar las Leyes para poder dar entrada a las empresas en el campo de la atención pública a mayores.

¿Se han vuelto los gobiernos aragonés y balear en “talibanes de lo privado”? No lo creo aunque nada comentaron de las palabras del diputado madrileño ante la que permanecieron en posición de “contradicción impasible”.

Como en tantas ocasiones se ha observado. La diferencia del discurso no la marca la ideología o el partido a que se pertenece sino el hecho de tener o no responsabilidades de gobierno. Los gestores públicos (sean de las siglas que sean) saben que tienen que garantizar con fondos públicos que los ciudadanos reciban los servicios e intentan que esto suceda de la forma más eficiente. Los políticos de la oposición saben que todavía hoy funciona el espantajo de “la privatización”.

Quizás un día el señor Cerolo sea concejal o consejero de servicios sociales. No me cuesta nada imaginarle entonces, firmando un concierto de plazas mientras escucha a Presuntos Implicados cantar “cómo hemos cambiado”.

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Acerca de Sobre residencias de tercera edad

Soy gerontólogo y jurista, me gusta leer y escribir sobre atención a personas mayores en residencias geriátricas y envejecimiento.
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